Una llamada para vender un tiempo compartido puede terminar en una cadena de cobros que parece no tener salida. Documentos y testimonios revelan que una red atribuida al Cartel Jalisco Nueva Generación continuó operando desde México pese a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
El esquema habría defraudado a más de seis mil personas, principalmente estadounidenses y canadienses de edad avanzada, y generado más de 400 millones de dólares. Las víctimas reciben ofertas atractivas por sus propiedades vacacionales y después deben pagar impuestos, comisiones o supuestos gastos legales para liberar el dinero.
Cuando una empresa deja de responder, otra aparece para ofrecer una recuperación o una nueva compra. El mecanismo prolonga el engaño y hace que las víctimas envíen cantidades adicionales con la esperanza de recuperar lo perdido. Washington sancionó a 17 compañías relacionadas con la operación en Puerto Vallarta y Nayarit.
El caso muestra cómo el crimen organizado diversifica sus ingresos más allá de las drogas y el combustible. También deja una alerta para propietarios mexicanos: ninguna venta legítima exige transferencias sucesivas para liberar un pago, y la presión para depositar de inmediato es una señal clara de fraude.
