Dos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos murieron junto con el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y un agente de esa corporación en un accidente ocurrido de madrugada en la sierra chihuahuense. El vehículo en el que viajaban perdió el control en una curva, volcó y se incendió tras la realización de un operativo que desmanteló uno de los narcolaboratorios de metanfetamina cristal más grandes detectados en ese estado.
Las versiones sobre el papel de los agentes estadounidenses divergen. El fiscal de Chihuahua aclaró que los funcionarios de la CIA no participaron directamente en el operativo de desmantelamiento, sino que se encontraban en labores de capacitación y cooperación antidrogas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se investigará si su presencia en el terreno violó la Constitución mexicana o la Ley de Seguridad Nacional.
La revelación de la identidad de los fallecidos —confirmada por The Washington Post y posteriormente por The New York Times— disparó la tensión entre los dos gobiernos. Legisladores de distintas corrientes políticas en México exigieron transparencia total sobre los términos del acuerdo de cooperación que permitió la presencia de personal estadounidense de inteligencia en territorio nacional durante una operación de seguridad.
El caso ocurre en un momento de alta sensibilidad bilateral, con México próximo a ser sede del Mundial de Fútbol y con los acuerdos de cooperación en materia de seguridad bajo constante escrutinio político y mediático. La presidenta Sheinbaum aseguró que los resultados de la investigación serán públicos y que ningún acuerdo puede estar por encima de la soberanía nacional.
