De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, la organización era presuntamente encabezada por Luis ‘N’, un exfuncionario de Michoacán que habría aprovechado su experiencia dentro de la administración pública para desarrollar un sofisticado sistema de engaños. Entre los detenidos también se encuentran su esposa, sus dos hijos y un escolta, quienes presuntamente colaboraban en distintas actividades de la operación.
Las autoridades señalaron que el grupo comenzó a desarrollar sus actividades delictivas desde 2021, utilizando información obtenida mediante relaciones personales y profesionales construidas durante los años en que su principal operador ocupó cargos gubernamentales.
Luis ‘N’ se desempeñó como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. Su conocimiento de los procedimientos administrativos, el lenguaje institucional y las relaciones entre dependencias habría sido fundamental para que los engaños resultaran convincentes.
El mecanismo comenzaba generalmente con una llamada telefónica o un mensaje de texto en el que alguno de los integrantes se presentaba como asistente de un funcionario importante. Posteriormente, indicaba a la víctima que recibiría una comunicación directa de un gobernador, ministro de la Suprema Corte u otra autoridad de alto nivel.
Para reforzar la credibilidad del contacto, utilizaban números telefónicos con fotografías institucionales, logotipos gubernamentales y nombres de dependencias oficiales. Además, recurrían a expresiones y términos propios del servicio público, lo que permitía generar una aparente relación de confianza.
Una vez establecido el contacto, los presuntos delincuentes utilizaban herramientas de inteligencia artificial capaces de reproducir voces similares a las de funcionarios conocidos. De esta manera, las víctimas podían creer que realmente estaban conversando con una autoridad y no con alguien que estaba suplantando su identidad.
Durante las conversaciones solicitaban transferencias de dinero bajo diferentes argumentos, como supuestos apoyos para operaciones políticas, contratación de servicios, incorporación de personal a dependencias gubernamentales o agilización de procedimientos administrativos.
