La integración de un grupo de especialistas para revisar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha generado cuestionamientos entre colectivos de búsqueda, que solicitan claridad sobre los procedimientos y garantías de independencia.
La Secretaría de Gobernación anunció el 14 de octubre la participación de nueve expertos nacionales e internacionales con el objetivo de realizar un análisis técnico y científico de la información disponible, así como formular recomendaciones para mejorar las herramientas de búsqueda.
Sin embargo, familiares de personas desaparecidas manifestaron inconformidad porque consideran que el proceso fue anunciado sin una consulta suficiente a quienes han participado durante años en la búsqueda de sus seres queridos.
Los colectivos también han solicitado conocer los criterios para seleccionar a los especialistas y las metodologías que se utilizarán durante la revisión.
Uno de los principales temores expresados por las familias es que las modificaciones administrativas terminen afectando el reconocimiento de casos que permanecen abiertos, especialmente cuando existen registros incompletos.
La preocupación surge porque los expedientes de desaparición dependen de información aportada por distintas autoridades, familiares y organizaciones, cuya actualización puede presentar dificultades.
El Gobierno federal sostiene que el objetivo del grupo es fortalecer los mecanismos de búsqueda y mejorar la calidad de la información.
La diferencia entre los nueve integrantes anunciados oficialmente y la referencia a ocho especialistas en una carta de los colectivos corresponde a documentos de distinto alcance; no debe interpretarse como una modificación confirmada de la integración del grupo.
