El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó al expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, a cadena perpetua por el delito de insurrección, tras su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. El fallo fue emitido por el juez Jee Kui-youn, quien determinó que el exmandatario buscó paralizar la Asamblea Nacional al enviar tropas y fuerzas antidisturbios al Parlamento, con la intención de arrestar a figuras políticas clave, incluyendo el presidente de la Asamblea y líderes de los principales partidos.
El decreto de ley marcial, declarado la noche del 3 de diciembre de 2024 con el argumento de combatir 'fuerzas antiestatales' dentro de la oposición, fue revertido pocas horas después, cuando un quórum de legisladores votó unánimemente para bloquearlo. El tribunal concluyó que las acciones de Yoon tenían como objetivo 'subvertir la Constitución' y obstaculizar el funcionamiento de las instituciones democráticas. La fiscalía había solicitado la pena de muerte, pero el tribunal optó por cadena perpetua ante la existencia de una moratoria de facto sobre las ejecuciones en Corea del Sur desde 1997.
Junto al expresidente, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue declarado culpable por su papel central en la planificación de la ley marcial y condenado a 30 años de prisión. La sentencia marca la primera condena por insurrección de un líder surcoreano en tres décadas, desde el procesamiento del expresidente Chun Doo-hwan en 1996.
Yoon, quien puede apelar el fallo, había negado la acusación, argumentando que actuó dentro de sus atribuciones constitucionales para alertar a la ciudadanía sobre el estancamiento político. Miles de personas, tanto partidarios como opositores, se congregaron frente al tribunal durante la lectura del veredicto. Amnistía Internacional calificó la condena como 'un paso significativo hacia la rendición de cuentas'.
