Un informe que cobró fuerza esta semana reveló que México enfrenta una crisis hídrica estructural que afecta a millones de familias: solo el 53.4% de la población del país tiene acceso diario a agua potable en su hogar, según datos del INEGI. La cifra no solo expone la inequidad entre regiones, sino también una brecha de género que golpea especialmente a las mujeres.
En los estados del norte del país —históricamente favorecidos por infraestructura hidráulica— la cobertura supera el 80%, mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca las cifras caen dramáticamente. En dos de cada tres hogares sin acceso a la red de agua, son las mujeres quienes asumen la responsabilidad de recolectarla, lo que implica horas diarias de trabajo no remunerado que limita su participación en la educación y el empleo.
La UNAM advirtió además que México es uno de los mayores consumidores de agua embotellada del mundo, con más de 270 litros per cápita al año, señal de que una parte significativa de la población ha perdido la confianza en la red pública o directamente no tiene acceso a ella. Expertos califican esta situación como un problema de salud pública que se agravará con el cambio climático.
El gobierno federal ha reconocido la crisis y la incluye entre sus prioridades, pero organismos civiles señalan que los proyectos de infraestructura hidráulica siguen siendo insuficientes y que la gestión del agua en los municipios está plagada de corrupción. La brecha entre el discurso político y la realidad de millones de hogares sin agua corriente sigue siendo enorme.
