La declaración fue difundida por la Cancillería rusa en medio de nuevas preocupaciones sobre la posible transferencia de conocimientos militares hacia organizaciones del narcotráfico que operan en territorio mexicano.
De acuerdo con los señalamientos de Moscú, los supuestos participantes habrían adquirido capacidades para utilizar drones con visión en primera persona, conocidos como FPV, así como conocimientos relacionados con su ensamblaje y operación.
Las acusaciones también mencionan presuntos pagos destinados a funcionarios ucranianos. Sin embargo, las autoridades rusas no presentaron públicamente pruebas verificables que acreditaran la identidad de las 80 personas señaladas, las transferencias financieras o la participación institucional ucraniana.
El asunto adquiere relevancia porque distintas organizaciones criminales mexicanas han incorporado drones a sus actividades, incluyendo tareas de vigilancia y ataques contra grupos rivales o fuerzas de seguridad.
En semanas recientes, autoridades mexicanas reportaron el aseguramiento de drones FPV y componentes de fibra óptica en Sinaloa, tecnología que permite operar determinados dispositivos sin depender de señales de radio convencionales.
Especialistas en seguridad han advertido que el conocimiento adquirido en zonas de guerra puede extenderse hacia escenarios criminales, aunque esa posibilidad no demuestra por sí misma las acusaciones concretas difundidas por Rusia.
Hasta la publicación de la información consultada, no se había dado a conocer una respuesta oficial de Ucrania que confirmara o rechazara específicamente los señalamientos.
El caso continuará sujeto a verificación. La existencia de una denuncia gubernamental no debe confundirse con la comprobación de sus afirmaciones, especialmente en un contexto de confrontación militar y desinformación internacional.
