Los equipos de rescate de la Ciudad de México cerraron una operación dolorosa: la recuperación de los cuerpos de las tres personas que quedaron atrapadas tras el colapso de un edificio en el Centro Histórico. La tragedia expone, una vez más, la vulnerabilidad de la capital ante estructuras antiguas que no han recibido mantenimiento adecuado ni han sido sometidas a revisiones sísmicas obligatorias.
El derrumbe ocurrió en una zona de alta densidad donde la mezcla de edificios históricos, comercios y vivienda popular crea un escenario de riesgo constante. Autoridades del gobierno capitalino confirmaron que el inmueble contaba con reportes previos de deterioro estructural y que había sido señalado en inspecciones anteriores sin que se tomaran medidas correctivas efectivas. La pregunta que nadie puede evitar es cuántos edificios similares siguen en pie esperando el mismo desenlace.
Las labores de rescate movilizaron a cientos de elementos de Protección Civil, bomberos y voluntarios especializados. La maquinaria pesada tuvo que trabajar con extrema precisión para no comprometer los edificios adyacentes, varios de ellos también con signos visibles de daño estructural. Los trabajos se extendieron por más de dos días en condiciones de alto riesgo para los propios rescatistas.
El caso reaviva el debate sobre el programa de revisión estructural de inmuebles en la Ciudad de México, que cobró urgencia después del sismo de 2017 pero que avanza a un ritmo mucho más lento que la velocidad con que los edificios envejecen. Las víctimas del derrumbe no murieron por un terremoto ni por una catástrofe imprevisible: murieron por negligencia acumulada. Ese es el verdadero problema que las autoridades tienen que resolver.