La mujer, identificada con el nombre ficticio de Ángela para proteger su identidad, denunció presuntos actos de abuso sexual, hostigamiento laboral, discriminación y abuso de poder. Según su testimonio, los hechos ocurrieron durante el tiempo que trabajó en la empresa.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía del Estado de México el 28 de junio de 2026. Dos días después, la trabajadora recibió la notificación de que su contrato no sería renovado.
En la investigación periodística, Ángela relata episodios de presunto acoso y contacto físico sin consentimiento, además de situaciones que, según su versión, se produjeron después de que rechazara las insinuaciones del entonces director.
La mujer también afirma que comunicó lo ocurrido a superiores dentro de la institución y que posteriormente enfrentó aislamiento laboral y temor a posibles represalias.
El reportaje señala que la trabajadora entregó documentación relacionada con su denuncia y comunicaciones en las que había informado sobre los hechos. Sin embargo, hasta la publicación de la investigación, no había recibido avances sustanciales sobre el procedimiento.
El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de protección para las personas que denuncian violencia sexual en instituciones públicas y empresas controladas por organismos gubernamentales.
El País informó que ni la Secretaría de la Defensa Nacional ni Grupo Mundo Maya habían respondido a sus preguntas al momento de publicar la investigación.
Las acusaciones no equivalen a una sentencia judicial. Corresponde a las autoridades investigar los hechos, garantizar el derecho de defensa y determinar si existen responsabilidades.
