Tras la condena a cadena perpetua contra Ismael "El Mayo" Zambada y la orden de decomiso por 15 mil millones de dólares emitida en Estados Unidos, el Gobierno de México anunció que buscará que esos recursos regresen al país. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que solicitará la entrega de bienes decomisados a narcotraficantes procesados en el vecino país cuando la legislación y los mecanismos de colaboración bilateral lo permitan.
La cifra requiere un matiz importante. Los 15 mil millones de dólares atribuidos al caso Zambada no corresponden a recursos ya asegurados, sino a una estimación de las autoridades estadounidenses sobre el daño económico generado por las actividades del líder criminal. La cantidad que efectivamente pueda recuperarse será considerablemente menor.
Sheinbaum ofreció un precedente concreto para sostener que el mecanismo funciona: recientemente fueron recuperados 500 mil dólares relacionados con el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Es una fracción mínima, pero establece la ruta jurídica y la disposición de cooperación entre ambos gobiernos.
El planteamiento tiene un trasfondo político evidente. En un momento en que la relación bilateral se tensa por aranceles, seguridad y presencia de agencias estadounidenses en territorio mexicano, reclamar los frutos económicos de los decomisos le permite al Gobierno federal presentar la cooperación antinarcóticos como una vía de dos sentidos y no solo como una exigencia de Washington.
