El gobierno de México anunció este miércoles 14 de octubre la firma de un decreto que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales que operan en el país, con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos considerados perjudiciales para su seguridad e integridad.
La medida contempla que las empresas responsables de redes sociales y otros servicios digitales implementen mecanismos para identificar, restringir y retirar publicaciones relacionadas con violencia, explotación sexual, acoso y otras conductas que representen riesgos para menores de edad.
De acuerdo con la información presentada por las autoridades federales, el decreto establece un plazo de 30 días naturales, contado a partir de su publicación oficial, para que las plataformas hagan públicas las restricciones de acceso y definan los mecanismos que utilizarán para cumplir con las nuevas disposiciones.
Entre los contenidos contemplados se encuentran publicaciones que promuevan discursos de odio, extremismo violento, explotación o abuso sexual, autolesiones, suicidio, violencia escolar, acoso y otras conductas ilícitas.
La iniciativa busca que las compañías tecnológicas asuman una mayor responsabilidad sobre el contenido que sus sistemas permiten visualizar o recomiendan a usuarios menores de edad.
Para ello, las plataformas deberán establecer mecanismos de identificación y retiro de materiales considerados de riesgo, además de contemplar medidas de protección desde el diseño de sus servicios.
Las autoridades mexicanas informaron que han mantenido acercamientos con representantes de distintas empresas tecnológicas internacionales, entre ellas Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, con el objetivo de abordar los mecanismos de protección digital.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por los efectos que pueden tener las redes sociales y las plataformas digitales en la salud emocional, la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Diversos países han impulsado regulaciones para fortalecer la supervisión de contenidos, mejorar las herramientas de control parental y establecer mayores responsabilidades para las empresas que administran servicios digitales.
En México, las nuevas disposiciones también plantean desafíos relacionados con su aplicación práctica, la identificación de usuarios menores de edad y la protección de otros derechos, como la privacidad y la libertad de expresión.
