En el cuarto aniversario del inicio de la guerra, Ucrania recibió un golpe financiero inesperado desde dentro de Europa: Hungría vetó el desembolso de un préstamo de la Unión Europea por 90 mil millones de euros que Kiev necesitaba para cubrir su déficit presupuestario y financiar la compra de armamento en los próximos dos años. El gobierno de Viktor Orbán condicionó su aval a que se reanude el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, cortado por decisión ucraniana.
El movimiento de Budapest no sorprendió a los analistas: Hungría ha sido sistemáticamente el eslabón más débil de la cadena de solidaridad europea con Ucrania, y Orbán mantiene una relación pragmática con Moscú que lo distancia del consenso del bloque. Sin embargo, el tamaño del préstamo bloqueado convierte este veto en uno de los más costosos para Kiev desde el inicio del conflicto.
Polonia también anunció que condicionaría su posición al restablecimiento del tránsito petrolero, generando temores de que el frente europeo de apoyo a Ucrania se esté fragmentando bajo presiones económicas nacionales. En paralelo, Trump continuaba distanciándose del compromiso de apoyo militar a Kiev, lo que dibuja un panorama financiero y militar sombrío para el gobierno de Zelensky.
Ucrania enfrenta así una paradoja cruel en su cuarto año de guerra: el frente militar se sostiene, pero el frente financiero y diplomático acumula grietas que podrían resultar más decisivas que cualquier ofensiva rusa. La comunidad internacional observa si Kiev logrará sortear este nuevo bloqueo antes de que la falta de fondos afecte directamente las operaciones militares.
