La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer los resultados finales de los peritajes realizados tras el descarrilamiento de una unidad del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Las investigaciones determinaron que el convoy circulaba a una velocidad de 65 kilómetros por hora en un tramo donde el límite máximo permitido era de 50 kilómetros por hora, lo que provocó la pérdida de estabilidad de la maquinaria.
Con base en la información extraída de la caja negra y los análisis de la infraestructura ferroviaria, el Ministerio Público Federal descartó fallas mecánicas previas o sabotaje como causas del siniestro. La evidencia técnica apunta a un error humano relacionado con la inobservancia de los protocolos de seguridad establecidos para ese sector específico de la vía.
Como consecuencia de estos hallazgos, se procedió a la detención del maquinista responsable de la unidad, quien enfrenta acusaciones por su presunta implicación en los delitos derivados del accidente que dejó víctimas mortales y heridos. Las autoridades judiciales han iniciado el proceso correspondiente para determinar su situación legal con base en las pruebas presentadas por la fiscalía.
El gobierno federal reiteró su compromiso de reforzar la supervisión en las operaciones del Corredor Interoceánico para garantizar la seguridad de los usuarios. Se anunciaron medidas adicionales, como la revisión de los sistemas de monitoreo de velocidad y la intensificación de los programas de capacitación para los operadores de este sistema de transporte estratégico.