El pleno de San Lázaro declaró constitucional el Plan B de la reforma electoral, respaldado por 19 congresos locales, y turnó el paquete al Senado para su discusión final. La decisión reabre uno de los debates más cargados políticamente de los últimos años en México.
El Plan B contiene ajustes al modelo de fiscalización, tiempos oficiales, estructura territorial del órgano electoral y disposiciones sobre prerrogativas a partidos. Para sus impulsores es una simplificación necesaria; para sus críticos, un debilitamiento de la arquitectura institucional que dio certeza a procesos pasados.
En paralelo, analistas alertan sobre la eliminación de contrapesos institucionales y el debilitamiento del juicio de amparo, temas que circulan desde que arrancó el año. Especialistas consultados advierten que la combinación puede afectar la certidumbre política y jurídica que requieren inversión y empleo.
El Senado enfrentará presión de gobernadores, oposición y organismos internacionales. De aprobarse sin modificaciones, la reforma tocará la organización de comicios intermedios y el financiamiento público. De regresarse con cambios, el pulso volverá a Diputados en una dinámica que promete dominar la agenda legislativa.
